Carta al Presidente del Banco Mundial
Giorgio Schultze, portavoz europeo del Nuevo Humanismo, suma su firma a la de muchas personalidades y asociaciones de todo el mundo en la carta dirigida al Presidente del Banco Mundial, sobre las inversiones en Bolivia.
En una campaña internacional se están consiguiendo firmas de organizaciones para la carta dirigida al Presidente del Banco Mundial. En mayo pasado el gobierno de Bolivia tomó una valiente decisión al desafiar el poder excesivo y antidemocrático de las corporaciones globales saliéndose del tribunal de arbitraje sobre inversiones del Banco Mundial. Ese tribunal está rehusando ahora respetar la acción del gobierno de Bolivia y está permitiendo que se proceda en un caso notorio presentado por una compañía de telecomunicaciones europea contra Bolivia.
Carta al Banco Mundial
Robert B. Zoellick, Presidente, Banco Mundial
World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
RE: Negativa de respetar la salida de Bolivia del tribunal sobre disputas en material de inversiones
Estimado Sr. Zoellick:
Le escribimos para expresar nuestra preocupación y hacer algunas recomendaciones respecto a acciones recientes realizadas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), cuyo Consejo Administrativo usted encabeza.
El 31 de octubre del 2007, el CIADI inscribió un caso contra Bolivia presentado por Euro Telecom International, una coloración italiana/española/holandesa. El CIADI está preparando constituir un tribunal en este caso a fines de enero del 2008.
Consideramos que estas acciones son objetables por las siguientes tres razones:
1. El CIADI está permitiendo que este caso progrese, a pesar del hecho que el gobierno de Bolivia se retiró de la convención del CIADI.
El 2 de mayo del 2007, el gobierno de Bolivia fue el primero del mundo en retirar su consentimiento de permitir que el CIADI arbitre disputas provenientes de inversiones realizadas en su territorio. Al hacer esto, el gobierno siguió los correctos procedimientos estipulados en la convención del CIADI. De tal manera, el asunto de jurisdicción en este caso está sujeto a la interpretación de las leyes sobre tratados internacionales, lo cual está por encima de la autoridad de un tribunal de arbitraje comercial.
El gobierno de Bolivia también ha expresado la justificada preocupación sobre un sistema de resolución de disputas entre inversionistas y estados que permite que las corporaciones privadas socaven los procesos democráticos e impongan un castigo financiero injusto sobre los gobiernos, especialmente del mundo en desarrollo. La anterior administración estuvo luchando durante cinco años contra un caso presentado por Aguas del Tunari, una subsidiaria de Bechtel, por el fallido proyecto de privatización de los servicios de aguas. Si bien Bechtel llegó a un acuerdo por una suma simbólica, el gobierno de Bolivia tuvo que desembolsar un monto considerable en gastos legales, drenando fondos que hubieran de otra manera estado destinados a satisfacer necesidades primarias del país más pobre de América del Sur.
Recomendación: El CIADI debe respetar la decisión del gobierno boliviano y no dejar proceder el caso de la ETI. El no respetar la decisión de Bolivia de retirarse del CIADI reforzará la percepción que este es un sistema que socava la soberanía nacional y respalda los intereses de las corporaciones privadas.
2. Las acciones del CIADI parecen estar diseñadas para hacer un ejemplo de Bolivia, en un momento en que otros países están cuestionando el sistema de arbitraje entre inversionistas y estados.
El 23 de noviembre del 2007, el gobierno de Ecuador notificó al CIADI que no aceptará su jurisdicción en los casos que tuvieran que ver con recursos no renovables. El gobierno argentino también ha hecho saber sus preocupaciones acerca de las falencias del sistema, después de haber sido blanco de más de 30 reclamos de inversionistas en los años recientes, muchos de ellos en retaliación por las acciones desplegadas para aliviar el dolor causado por la crisis financiera a los ciudadanos comunes. Venezuela y Nicaragua se han sumado a Bolivia en una declaración conjunta criticando el CIADI el 29 de abril de 2007, mientras que el gobierno de Australia ha rehusado aceptar su resolución de disputas entre inversionistas y estados como parte del pacto comercial del 2004 con los Estados Unidos.
Recomendación: Los representantes del CIADI/Banco Mundial deben tomar muy en serio estas preocupaciones, en lugar de enviar la señal que los gobiernos están atrapados en este sistema; aún cuando realizan los procedimientos correctos para retirarse. El Banco Mundial debe establecer un panel de revisión independiente que examine cómo el CIADI (y los tratados de inversiones y los acuerdos comerciales que hace cumplir) socava otros tratados internacionales que promueven los derechos sociales, económicos y humanos y también la capacidad de los países en desarrollo para reducir la deuda externa y lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
3. El asunto de la disputa de la ETI, y de la regulación de las telecomunicaciones, es un caso con amplias implicaciones sociales que resulta inapropiado tratar como un caso de arbitraje comercial internacional.
Los gobiernos deben tener todo el derecho de garantizar que el sector de las telecomunicaciones cumple con objetivos sociales, incluyendo el acceso universal asequible a los servicios y el empleo sustentable. El Banco Mundial, sin embargo, ha promovido constantemente la privatización y la desregulación como la única forma de desarrollar este sector económico (y la mayoría de los otros). De tal manera que es particularmente inapropiado que el CIADI tome el caso de la ETI, que deriva de acciones avaladas constitucionalmente del gobierno de Bolivia, dirigidas a garantizar que los beneficios de la privatización de las telecomunicaciones lleguen a la sociedad y a explorar formas de lograr una mayor participación estatal*. También cabe destacar que si bien la ETI dice que el gobierno boliviano ha “destruido el valor” de sus inversiones, la compañía continúa operando y generando ganancias en ese país.
Recomendación: El CIADI debe declinar tomar el caso ET versus Bolivia, no solo debido a que Bolivia ya no es parte de la convención del CIADI, sino porque este asunto puede ser tratado de mejor manera a través de soluciones regulatorias y legales nacionales, como lo ha sugerido el gobierno de Bolivia. Agradecemos su atención en este asunto de extrema importancia.
Atentamente,
[nombres, organizaciones, países]
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con copia: Ana Palacio, Secretaria General del CIADI Franco Bernabè, Presidente de la Junta Directiva de Telecom Italia S.p.A., César Alierta Izuel, Presidente de la Junta Directiva de Telefónica Española.
* Actualmente, ETI es dueña del 50% de ENTEL, una empresa que provee más del 60% de los servicios telefónicos del país. El gobierno de Bolivia es propietaria del 47%, mientras que inversionistas individuales controlan el resto de las acciones. ETI está incorporada en Los Países Bajos y es de entera propiedad de una empresa holandesa, International Communication Holding (ICH) N.V. ICH es a su vez 100% de propiedad de Telecom Italia International N.V., también una empresa holandesa, que a su vez es 100% de propiedad de Telecom Italia S.p.A., una empresa italiana que es en parte de propiedad de Telefónica española (42.3%), entre otras.
NADA POR ENCIMA DEL SER HUMANOY NINGÚN SER HUMANO POR ENCIMA DE OTRO
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