BOLIVIA ENFRENTA A LAS MULTINACIONALES
LA TRAMPA DEL CIADI EN LATINOAMÉRICA
Conferencia brindada por Guillermo Sullings(*)
Buenos Aires, 10/01/08 - Centro Cultural Floreal Gorini
Contexto inicial
Como ya hemos manifestado, el motivo de esta charla y la fecha un tanto atípica en que la estamos realizando, responde al pedido que nos hiciera el Presidente de Bolivia Evo Morales en ocasión del 2º Foro Humanista Latinoamericano realizado en La Paz a fines de noviembre del 2007. El pedido concreto fue el de utilizar todos los canales internacionales que estuvieran al alcance de los Humanistas, para difundir y ejercer presión con respecto al conflicto generado entre el Estado de Bolivia y Euro Telecom International (ETI), pleito fraudulentamente presentado por dicha empresa multinacional ante el polémico y arbitrario Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI.). Teniendo en cuenta que desde el CIADI se ha manifestado que antes del 31/01/08 se constituiría el panel arbitral para involucrarse en dicho conflicto, es que tanto los Humanistas, como otras organizaciones que se solidarizan con el pueblo Boliviano en esta causa, hemos decidido realizar numerosas acciones en todo el mundo durante el mes de enero. Así que, aquí estamos, comenzando a difundir este tema en Argentina.
Pero antes de entrar en el tema específico y puntual, será de interés analizar lo que representa el CIADI y las Multinacionales en el contexto internacional actual; lo que representan para nuestra región, en particular para Argentina, y comprender la necesidad de trabajar unidos en Latinoamérica, enfrentando a semejante poder. En tal sentido, podemos decir que estas actividades de apoyo al pueblo boliviano, no significan solamente un acto de solidaridad, lo que de por sí sería motivo más que suficiente, sino que también significan un paso más, al que le seguirán otros, en una lucha regional contra el Poder Económico.
El Poder Económico y sus instrumentos globales
Hace dos meses, invitado por los organizadores del Foro Humanista de Brasil, participé en un interesante panel, en el que se hablaba, entre otras cosas, de buscar soluciones para la violencia económica, dada por la inequidad, la marginación y la injusticia. En esa oportunidad decía que a mi juicio, la posibilidad de una sociedad justa, en la que el ser humano sea el valor central, (y no el dinero como lo es ahora), donde el desarrollo sea sustentable y no destruya el planeta, esa sociedad soñada por la mayoría, sería totalmente incompatible con la existencia del Poder Económico. Para alcanzar la sociedad de las utopías, el poder debe estar repartido entre los ciudadanos, y no concentrado en pocas manos; por lo tanto no hay manera de que una nueva sociedad más justa, conviva con el Poder Económico. Es necesario desmantelarlo y disolverlo, hasta que desaparezca como tal.
Decíamos entonces que por Poder Económico, no entendíamos solamente a la capacidad económica. Alguien podría tener capacidad económica, y no necesariamente ejercer poder sobre otros. Pero cuando alguien con capacidad económica, la usa como factor de poder para manipular las reglas del juego de la economía, para especular en las finanzas y en el comercio, ese alguien está ejerciendo Poder Económico, y con ello se enriquece más, y entonces más poder concentra, en una suerte de círculo vicioso. Cuando alguien pasa a controlar, con el poder del dinero, el mundo de la política, cuando puede manipular la ley y la justicia, está ejerciendo Poder Económico. Cuando alguien, a través del dinero, maneja lo que se dice y lo que no se dice por los medios de difusión, está ejerciendo Poder Económico.
Aquella vieja definición de la división de poderes en la democracia, que nos decía que había tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ha quedado obsoleta. Y aquella suspicacia de que había un cuarto poder equiparable a los otros tres, como el poder de la prensa, también ha quedado superada. Porque en la democracia formal que tenemos en muchos países, solamente queda en pie un solo poder: El Poder Económico. Porque con el dinero se compran presidentes y ministros, se compran legisladores, se compran jueces y policías, y se compran los medios de difusión. A eso hemos llegado con la acumulación del Poder Económico, y de esa situación queremos salir, al menos en algunos países donde nuevos vientos de cambio empiezan a soplar, sobre en todo en nuestra América Latina.
Pero claro, en cada país en el que nos proponemos intentar cambiar este estado de cosas, nos encontramos no solamente con las resistencias del Poder Económico local, sino sobre todo con la resistencia del Poder Económico Globalizado.
El Poder Económico Globalizado, controla al poder político globalizado, ya que maneja en mayor o menor medida, a los gobiernos de los denominados países centrales, y sobre todo controla absolutamente al gobierno de EEUU, y en consecuencia al ejército más poderoso de la tierra, poniéndolo al servicio de las multinacionales. Y todos sabemos que la presión de ese formidable poder político y militar de las potencias, bajo el control del Poder Económico, no es una presión fácil de superar a la hora de implementar un proceso de cambio.
El Poder Económico Globalizado, controla las finanzas mundiales, no solamente a través de la banca privada, sino también a través de sus más genuinos representantes, el FMI y el Banco Mundial, con su pertinaz ingerencia en la política económica de los países dependientes de sus favores financieros.
Este formidable poder también maneja los medios de comunicación de alcance internacional, de los cuales muchos medios nacionales son simples subsidiarias o repetidoras. Y desde luego que con el poder del dinero, que circula libremente por donde quiere (no como los seres humanos), con ese poder también se compran gobernantes, legisladores y jueces de los países en donde una multinacional quiere hacer negocios a su entera satisfacción, sin “molestas” leyes nacionales que pongan trabas a la contaminación del medio ambiente, o que regulen el giro de ganancias al exterior, o que pretendan recaudar impuestos equitativos.
Pero claro, para que el Poder Económico tenga “plena seguridad jurídica”, y así poder expoliar a nuestros países y succionar nuestros recursos, ya no era suficiente con sobornar a algunos funcionarios locales. Porque a veces los pueblos se cansan, no se creen las mentiras de los medios de comunicación, y votan a otros gobernantes. Y a veces suele ocurrir, no muchas veces, pero suele ocurrir, que esos nuevos gobernantes comienzan a cumplir sus promesas electorales, y pretenden cambiar las reglas del juego, avaladas por los anteriores funcionarios corruptos. Por eso, para que el Poder Económico tuviera “plena seguridad jurídica”, era necesario contar con una justicia supranacional, que se pusiera por encima de las decisiones soberanas de los gobiernos. Y fue entonces cuando se creó el CIADI, institución del Banco Mundial creada en 1965.
Por lo tanto, como primera conclusión, luego de este breve encuadre, podríamos decir que, luchar contra el CIADI, es trabajar en el desmantelamiento de una columna fundamental en la estructura del Poder Económico. Evo Morales, al poco tiempo de asumir el gobierno y al encontrarse con la telaraña de condicionamientos internacionales que tenía, dijo “ sentirse como un preso en el Palacio Presidencial”. Pues bien, combatir al CIADI es empezar a derribar los muros de esa prisión.
Como fue aumentando la ingerencia del CIADI
Cuando el CIADI comenzó a actuar, en 1966, si bien ya había multinacionales que requerían de sus servicios, ante el surgimiento de algunos gobiernos “poco confiables” para sus inversiones, de ninguna manera estas multinacionales habían alcanzado el desarrollo que tienen en la actualidad. En 1982, la Inversión Extranjera Directa (IED) global era de unos 60 billones de dólares. En 1990 era de 200 billones y en el 2005 de 916 billones. Cuando el asesor del gobierno boliviano Thom Kruse, en el Foro Regional Humanista de noviembre pasado, mencionaba el hecho de que el CIADI había nacido como un escudo de las multinacionales, para luego convertirse en su espada, se refería precisamente a esa evolución. Esto no quiere decir que cuando el CIADI era un escudo, haya sido un escudo de los justos; era la protección de las multinacionales que, habituadas a depredar, protegidas por funcionarios locales, quisieron asegurarse ante los cambios de gobiernos, contando con una “justicia internacional” afín a sus intereses, a la cual acudir en caso de expropiaciones o regulaciones que considerasen excesivas. Pero una vez que el Poder Económico contó con ese escudo, y al ir cambiando el escenario internacional, lo transformaron en espada, diseñando políticas expansionistas, agresivas y depredadoras, con el seguro del CIADI.
Muchos recordamos la gran crisis que hubo en la década del 80, sobre todo en nuestra región, por el endeudamiento externo. La deuda externa de nuestros países crecía exponencialmente por la mortífera combinación entre una banca privada internacional que necesitaba ubicar sus excedentes financieros, y gobiernos corruptos (mayoritariamente militares), que nos endeudaron. En los 80, la presión del endeudamiento heredado, hizo que los siguientes gobiernos, independientemente de su mayor o menor nivel de corrupción, se vieran presionados y chantajeados por el poder financiero, representado fundamentalmente por el FMI, para refinanciar sus deudas pagando intereses usureros y tolerando la ingerencia en los asuntos internos de la economía y la política.
Fueron los tiempos de “¡Minga al Fondo!”, expresión que usábamos los humanistas para exigir que se vaya ese siniestro organismo. Y finalmente se fue…al menos de algunos de nuestros países. Tal vez no se fue como queríamos entonces, sin pagarle un mísero centavo, pero lo cierto es que pagándole o no, en algunos países empezó a retroceder. El problema es que ha dejado su “caballo de Troya”, una “asociación ilícita” formada por el CIADI y las Multinacionales.
Porque precisamente, todo el chantaje que se generó a través del endeudamiento y la ingerencia del FMI y el Banco Mundial llevó a que, entre las múltiples concesiones que hacían los gobiernos al Poder Económico, figurara la apertura indiscriminada de la economía, la entrega de los recursos naturales a la explotación irracional, y la privatización de todos los servicios públicos en condiciones leoninas para las multinacionales. Y todo este proceso se fue dando en los años 90, en el marco de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), que crecieron hasta llegar a más de 2.500 en los últimos años, además de los Tratados de Libre Comercio (TLC), incluyendo todos esos tratados, por supuesto, la protección del CIADI para los inversores. Desde luego que los gobiernos firmaron estas condiciones, algunos chantajeados por el endeudamiento, otros sobornados, y otros además con plena convicción obsecuente y neoliberal, como fue el caso de Menem en Argentina.
Como sea, hasta aquí llegamos. Y alguien podrá decir que aunque hayan sido diferentes gobiernos que los actuales, la política de un “Estado serio” no puede ser la de borrar con el codo lo que el gobierno anterior escribió con la mano. Pues nosotros afirmamos que un Estado, para ser serio y responsable, debe antes que nada defender los derechos de su población, y aunque sólo sea por eso, tiene pleno derecho a borrar todo aquello que firmó un obsecuente o un corrupto.
Acerca de la arbitrariedad y la peligrosidad del CIADI
Tal vez alguien podría argumentar que es razonable que los inversores internacionales no quieran someterse a las posibles arbitrariedades de la justicia local, y busquen un “juez neutral”, como debiera ser el CIADI. Pues bien, veremos a continuación algunas razones que demuestran que las cosas no son para nada de esa manera.
En primer lugar, si fuera cierto que las empresas productivas no estarían dispuestas a invertir en un país, de no contar el escudo protector jurídico del CIADI, ¿cómo se explica entonces la cantidad de inversiones que se hacen en China y Brasil, nada menos, países que no han aceptado al CIADI como árbitro de posibles diferendos con inversores?.
Por otra parte, es evidente la total connivencia del CIADI con los intereses del Poder Económico, y en desmedro de los derechos de los Estados y sus pueblos, a saber:
Todos los casos aceptados por el CIADI son reclamos de las multinacionales contra los Estados, y no a la inversa.
En el 70 % de los casos se ha favorecido a las multinacionales ( 36 % con fallos judiciales, y 34 % con acuerdos previos al fallo), y en el 30 % restante, que no se le pudo dar la razón a la multinacional demandante, tampoco por ello el Estado demandado ha sido compensado, ni siquiera con el reintegro de los gastos en los que debió incurrir para defenderse.
El CIADI es totalmente dependiente del Banco Mundial, y por lo tanto de los intereses que este Banco representa. El Vicepresidente del BM es el Secretario General del CIADI y el Presidente del BM preside el Consejo Administrativo del CIADI, pudiendo designar árbitros conciliadores en los diferendos. El Banco Mundial obviamente no es un organismo neutral, ya que es manejado por sus 5 mayores accionistas, EEUU, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, que son precisamente la sede de la mayor parte de las multinacionales que se benefician con los fallos del CIADI. Además, muchas multinacionales son clientes directos del BM.
Los abogados especializados que intervienen en los diferendos, a veces lo hacen como abogados defensores de las multinacionales y a veces los mismos, son designados como jueces y como árbitros, y hasta en algunos casos se ha comprobado que tuvieron relación laboral con las multinacionales.
En muchos casos el poder económico de las multinacionales es equivalente o superior al del Estado demandado, con lo cual se potencia el poder de influencia de las empresas en los fallos del CIADI.
El CIADI permite que se presenten nuevas demandas por causas ya juzgadas. No se respeta el principio jurídico de que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, al punto tal que si una multinacional presenta una demanda y no obtiene fallo favorable con los árbitros que trataron el caso, puede presentar una nueva demanda a través de accionistas de otro país, invocando otro TBI.
También hay que considerar, que la mayor parte de los TBI y TLC, han sido promovidos por EEUU, obviamente para favorecer a sus multinacionales, y contienen cláusulas inaceptables desde el punto de vista de los intereses de la población, pero que para el CIADI son totalmente válidas, como si se tratase de acuerdos comerciales entre empresas, en vez de entre empresas y Estados (donde habría que considerar la legislación de Derecho Público y sobre todo la legislación sobre Derechos Humanos). Por ejemplo, toda posibilidad de que un Estado pretenda, a través de una nueva legislación nacional, defenderse de la contaminación ambiental, o de la depredación de los recursos naturales, o de la expoliación de sus recursos naturales, se interpreta en esos tratados, como acciones que atentan contra los intereses económicos de las empresas, y por lo tanto el CIADI castiga a los Estados. Toda acción de un Estado que pretenda defender el derecho humano de todo habitante, de acceder a los servicios básicos, como el agua, la electricidad, el gas o el teléfono, y por lo tanto no tener que pagar tarifas abusivas por los mismos, es considerado confiscatorio para las empresas, y por lo tanto son materia de demanda ante el CIADI. Y este casi siempre le da la razón a la empresa, imponiendo compensaciones millonarias que golpean duramente las finanzas públicas, y esta amenaza muchas veces opera como freno para que los gobiernos no se atrevan a afectar los intereses del Poder Económico.
Veamos algunos ejemplos:
En primer lugar en Argentina, donde estamos a la cabeza en cantidad de casos (un tercio de los 130 que tiene en sus manos el CIADI), y la mayoría de ellos surgieron porque, ante el derrumbe de la convertibilidad y la crisis que se inició a fines del 2001, por la Ley de Emergencia Económica, no se permitió a las empresas de servicios privatizados, aumentar sus tarifas y triplicarlas como se había triplicado el valor del dólar. Si el gobierno hubiera permitido eso, gran parte de la población se hubiera quedado sin agua, sin gas, sin electricidad y sin teléfonos. Pues bien, estas empresas, que se estuvieron llevando tremendas ganancias durante los 90, no aceptaron tener que girar menos dólares a sus casas matrices, y recurrieron al CIADI, para que defienda sus mezquinos intereses. Estos juicios podrían significar entre 10.000 y 30.000 millones de dólares para nuestro país. Cabe aclarar que estos casos provienen de los 59 TBI que firmó Argentina entre 1990 y 2001 (luego no se firmó ninguno), y los principales demandantes son: ENRON CORPORATION, CMS GAS TRANSMISIÓN COMPANY, SEMPRA ENERGY INTERNATIONAL, CAMUZZI INTERNATIONAL, AGUAS ARGENTINAS, TELEFÓNICA, AZURIX CORPORATION, SIEMENS, Y AGUAS DEL ACONQUIJA.
Tenemos otros casos notorios, como el de una multinacional petrolera británica contra Rusia, por 28.300 millones de dólares. El caso de Occidental Petroleum contra Ecuador, por 1.000 millones de dólares (luego de haber devastado el medio ambiente). El caso de Piero Foresti contra Sudáfrica, por pretender este país que se asegure mayor participación de personas de raza negra en los trabajos de la industria minera. El caso Gallo contra Canadá, por 355 millones, por bloquear el manejo peligroso de residuos tóxicos. Y habría muchos otros ejemplos, pero el siguiente nos parece paradigmático, tanto por el caso en sí, como por su desenlace.
El caso Bechtel contra Bolivia. A fines de los 90 el Banco Mundial obligó a Bolivia a privatizar el agua potable de Cochabamba, dando la concesión por 40 años a “Aguas del Tunari” (Propiedad de Bechtel). Al poco tiempo esta empresa aumentó las tarifas un 300 %, al punto tal que para muchas familias el costo de la factura de agua representaba la cuarta parte de sus ingresos mensuales. Comenzaron las enérgicas protestas sociales, luego popularizadas como “la guerra del agua”, y la multinacional tuvo que irse de Bolivia. Pero claro, inició acciones judiciales ante el CIADI, por verse afectados sus intereses, y no habiendo invertido más de un millón de dólares, inició un juicio por 50 millones. Pero no solamente este juicio era ilegítimo (por estar en juego el derecho humano de la población de acceder al agua), y no solamente era un reclamo desmesurado, ya que se reclamaba 50 veces más de lo invertido, sino que además era fraudulento dentro de las propias reglas del juego de los TBI. Y decimos que era fraudulento, porque la empresa Bechtel era estadounidense, y Bolivia no tenía en ese momento TBI con USA que otorgase jurisdicción al CIADI. Sin embargo esta multinacional estableció una casilla de correo en Holanda (país que tenía un TBI con Bolivia que posibilitaba recurrir al CIADI), e inició juicio con domicilio allí. A pesar de la notoria ilegalidad de la maniobra, y ante la ambivalencia del gobierno holandés, el CIADI aceptó el juicio, y dispuesto estaba a fallar a favor de la multinacional. Pero los “guerreros del agua” bolivianos, unieron sus fuerzas con organizaciones internacionales, ejercieron presión en todo el mundo, incluyendo la toma de las oficinas de la multinacional en San Francisco, y ante semejante presión, y con la prensa en contra, la empresa terminó desistiendo del juicio, llegando a un arreglo por una cifra simbólica de 30 centavos de dólar, el 19/01/06.
Como ustedes podrán ver, la mayoría de los casos que se presentan ante el CIADI, no los iniciaron empresas que invirtieron para generar trabajo y riqueza, sino empresas que llegaron para apropiarse de los recursos naturales, o para manejar el rentable negocio de los servicios públicos, que por tener clientela cautiva permiten optimizar la ganancia imponiendo precios oligopólicos. Y todos los contratos que facilitaron que estas multinacionales explotaran tales rubros, se hicieron en el marco de los TBI impuestos por el Banco Mundial, el FMI y el gobierno de USA, utilizando el chantaje de la dependencia de muchos de nuestros países, y contando con la complicidad de muchos gobernantes corruptos. Tal como lo decíamos en el comienzo. Es por eso que hay que trabajar arduamente para quitarse las cadenas con las que nos amarraron al Poder Económico, y el caso particular que nos convoca será un hito importante en esta lucha.
El caso de ETI contra Bolivia
Por todas las razones esgrimidas anteriormente, y muchas otras que no detallamos por razones de tiempo, sería imprescindible que todos los países de nuestra región hagamos lo que ya hizo el gobierno Boliviano: el 2 de mayo de 2007, el Canciller de Bolivia comunicó al Presidente del Banco Mundial que, amparados en el Art. 71 del Convenio sobre arreglo de diferendos relativas a inversiones, se denunciaba dicho Convenio, quedando Bolivia fuera de la jurisdicción del CIADI. El abandono del CIADI ya había sido anunciado pocos días antes, el 29/04/07 en Barquisimeto, junto a los otros integrantes del ALBA (Venezuela, Cuba y Nicaragua).
Esta salida del CIADI, obviamente que es un derecho de todo país soberano, y con más razón cuando este convenio supranacional se opone a la Constitución , que establece que los diferendos del Estado con Multinacionales deben dirimirse en los tribunales nacionales (Doctrina Calvo). O sea, que además de que los fallos del CIADI debieran apelarse en su mayoría, y debieran ser nulos por la ilegitimidad que tal organismo tiene, además es obvio que si un país renuncia al convenio que tiene con el mismo, de ninguna manera podría una multinacional iniciar una demanda en el CIADI contra el país que ya renunció.
Pues bien, a pesar de todo eso, hay una empresa multinacional, Euro Telecom Italia (ETI), que presentó un caso contra Bolivia ante el CIADI, el 12/10/2007, o sea 5 meses después de que Bolivia se retirara. Primer anormalidad entonces, avalada por el CIADI que aceptó la demanda de la empresa. Desde luego que el CIADI argumenta con tecnicismos, diciendo que luego de que un país se retira, durante 6 meses sigue siendo miembro, pero de ninguna manera esa prórroga puede asumirse válida para el consentimiento arbitral, ya que el consentimiento expreso es la base fundamental en la que descansa todo proceso arbitral. Y Bolivia ya había retirado ese consentimiento 5 meses antes.
Segunda irregularidad. Tal como ocurrió en el caso Bechtel, ETI constituyó fraudulentamente un domicilio en Holanda, ya que por ser empresa de capital italiano, no le correspondía originalmente la jurisdicción del CIADI. Y como ocurriera antes, este arbitrario organismo también aceptó el caso. Y está totalmente demostrado que la empresa de fachada holandesa es solamente una cáscara, que no tiene ni siquiera un empleado en Holanda, y solo ha erogado en ese país 20.000 euros por costos de trámites del traslado.
Tercer irregularidad. La demanda no tiene argumentos sólidos, ya que ETI sigue operando en Bolivia, maneja más del 60 % de la telefonía boliviana y continúa en expansión y con grandes ganancias. O sea que está demandando por un supuesto perjuicio en su inversión que no es real (además de que ya la recuperó con creces en todos estos años). El argumento de ETI es que el gobierno boliviano la perjudica al tomar medidas para que la empresa invierta ganancias en el país, por tener intenciones de adquirir acciones para tener una posición mayoritaria, y por pretender ejercer su función de contralor con medidas regulatorias. O sea, inicia un juicio contra el Estado por ejercer las acciones legítimas de todo poder público. Lo que el Estado boliviano hizo fue revisar el caso de privatización, observar varias incompatibilidades con las regulaciones e indicar que se debían impuestos sobre el capital obtenido. Cuando Bolivia sugirió que ETI proveía un servicio ineficiente y que no había reinvertido las ganancias obtenidas en beneficio de los bolivianos, y formó una comisión para recobrar el control de la empresa pública, esta recurrió al CIADI.
Por todas las razones esgrimidas, la intervención del CIADI en este conflicto es totalmente ilegal, y ante esta nueva amenaza del Poder Económico contra el hermano pueblo boliviano, es que debemos unirnos en su defensa de sus intereses. Como decíamos al comienzo, tanto los Humanistas como otras organizaciones, estamos llevando adelante varios tipos de acciones de presión
Presentación de una carta dirigida a Robert Zoellick, Presidente del Banco Mundial, con sede en Washington, avalada por cientos de organizaciones de todo el mundo, canalizada a través del Instituto para Estudios Políticos de dicha ciudad. En la misma se expresa la preocupación de todos los firmantes ante la aceptación por parte del CIADI del caso ETI contra Bolivia.
Presentación de una carta dirigida al Primer Ministro holandés, Jan Peter Balkendende, denunciando el fraude de ETI al constituir domicilio en Holanda, y solicitando al gobierno de ese país que intervenga e impida el uso fraudulento del Tratado Bilateral entre Holanda y Bolivia.
Las cartas mencionadas, además de presentarse personalmente en USA y Holanda respectivamente a través de organizaciones amigas de estos países, también se están enviando desde más de 100 países de todo el mundo para multiplicar la presión.
En Italia y España, donde tiene sedes reales ETI, se están organizando acciones de presión, contando con la colaboración de los sindicatos.
En más de 100 países, como en Argentina, se está difundiendo este tema y se están realizando acciones y presentaciones en las sedes respectivas del Banco Mundial y en las embajadas holandesas.
Para terminar, digamos que este es solo el principio de una serie de actividades que desarrollaremos en nuestra región para ponernos de pie frente a la arbitrariedad del Poder Económico y sus instrumentos.
Hoy es contra el CIADI, pero sin perder de vista que el enemigo mayor es el Poder Económico.
Hoy es por Bolivia, pero sin perder de vista que siempre será por América Latina.
(*) Guillermo Sullings, nació en Chascomús, provincia de Buenos Aires, en 1954. Es casado, con dos hijos y vive actualmente en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires.
Se recibió de Contador Público en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Mientras cursaba la carrera, efectuó numerosos estudios en el área económica, desarrollando una tesis sobre el comportamiento de la oferta y la demanda de trabajo en el mercado argentino.
Trabajó en diferentes empresas e instituciones, desempeñando tareas en diversas áreas, como Contaduría, Costos y Finanzas. Actualmente desarrolla actividades independientes de asesoramiento en Obras Sociales en el área de Fiscalización.
Participa del Movimiento Humanista desde 1971 y se integró a los equipos de trabajo del Partido Humanista desde su fundación en 1984. Inmediatamente comenzó a desarrollar estudios e investigaciones acerca de la sustitución de importaciones, composición de la deuda externa y análisis del proceso inflacionario, los que fueron publicados en diversos números del periódico El Humanista.
Fue titular de la Secretaría de Desarrollo Institucional y Economía del Consejo Nacional del Partido Humanista, efectuando trabajos de análisis sobre la crisis financiera internacional, la desocupación en Argentina, la deuda externa y propuestas de acercamiento a una Ley de Propiedad de los Trabajadores. En los primeros meses de 1998 elaboró la propuesta económica del PH y el Plan de Emergencia para salir de la Convertibilidad. En ambos trabajos ya se anunciaba con 3 años de anticipación la debacle económica que luego se produciría en diciembre del 2001.
En marzo de 1999 junto a otros economistas humanistas formó la Asociación Civil Generación Aconcagua, entidad ocupada en estudiar los distintos aspectos de la realidad económica para desarrollar propuestas para una economía al servicio del ser humano. Participa habitualmente en los foros de intercambio y seminarios de diversas entidades abocadas al estudio de la economía, como FIDE y EEA.
En mayo del 2000 publicó su libro “Más allá del Capitalismo, Economía Mixta”, en el cual se desarrolla una propuesta de Sistema Económico alternativo al capitalismo y al comunismo. Este libro fue presentado en diversas conferencias realizadas en Buenos Aires, Mendoza, Mar del Plata, Cochabamba (Bolivia), Arequipa y Lima (Perú), Managua (Nicaragua), Caracas (Venezuela), San José de Costa Rica y Santiago de Chile.
Fue hasta diciembre 2003 asesor de la Diputada Humanista Lía Méndez en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue también Secretario de Economía de la Regional Humanista Latinoamericana.
En Julio del 2001 publicó el ensayo “El Derecho a la Rebelión y la lucha No-violenta”, donde se fundamenta la posibilidad de la acción directa no- violenta como metodología de lucha.
Fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 1997, y en 1999 candidato a Intendente por el Municipio de la Matanza. En las elecciones de octubre del 2001 se postuló como primer candidato a Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires por el Partido Humanista.
En las elecciones presidenciales argentinas del año 2003, fue postulado como candidato a Presidente de la Nación por el Partido Humanista, y en las elecciones de octubre 2007 fue candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires representando al FRAL, alianza entre el Partido Humanista y el Partido Comunista.
En el último año ha estado trabajando en la Fundación Mundo sin Guerras, promoviendo una campaña por el desarme nuclear mundial.
Actualmente es vocero del Movimiento Humanista en Argentina.
Bibliografía consultada
· “Desafiar el poder corporativo de los inversionistas”, Sarah Anderson, Instituto para Estudios Políticos – Washington, abril 2007.
· “Bolivia y el CIADI: crónica de un divorcio anunciado”, trabajo realizado por el Equipo de Análisis del Ministerio de Relaciones y Cultos de Bolivia, diciembre 2007.
· CIADI, reglas procesales, publicado por el SICE (Sistema de Información sobre Comercio Exterior de la OEA )
· Conferencia realizada por Thom Kruse, asesor del Gobierno Boliviano, durante el 2º Foro Humanista Latinoamericano, realizado en La Paz entre del 23 al 25 de noviembre de 2007.
· “Demandas contra el país por controversias planeadas ante el CIADI y el UNCITRAL o CNUDMI”, trabajo publicado por la Secretaría Parlamentaria del bloque Demócrata Progresista de la República Argentina
· Página oficial del Banco Mundial, sección CIADI.
· “El CIADI golpea una vez más a un pueblo del sur”, artículo publicado por la Fundación Solón respecto al caso de Aguas del Aconquija.
· “Orientales, la Patria o el CIADI”, artículo de Ramiro Chimuris, publicado en la sección de Política Internacional de la revista Rebelión, el 16/09/05.
· “Apoyo a Bolivia contra el CIADI del Banco Mundial”, artículo publicado en Indymedia el 27/12/2007.
· “Integrantes del ALBA abandonan el CIADI”, artículo publicado por El Nuevo Diario de Nicaragua, el 29/04/2007.
· “El CIADI resulta inconstitucional”, Art. De Alfredo Eric Calcagno y Eric Calcagno, publicado por Diario Clarín de Argentina, el 22/03/2005.
· Artículos varios de periódicos de la República Argentina.
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